• Los candidatos bercianos del Partido Popular de León al Congreso y al Senado mantien una reunión con JUPOL y SUP para trasladarles el compromiso de Feijóo con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y para que cuenten con todos los medios económicos y materiales necesarios para el ejercicio de su labor
  • El PP expone así mismo sus propuestas para mejorar la protección jurídica frente a la ocupación y para el desalojo en un plazo máximo de 48 hora

21 de julio de 2023.- Los candidatos bercianos del Partido Popular de León al Congreso y al Senado, silvia Franco y Jorge García Vega, han mantenido esta mañana  un encuentro con representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad que operan en la comarca.

En el transcurso de este encuentro Franco y García subrayaron la postura del Partido Popular en defensa de “un papel de los cuerpos de seguridad cercano al ciudadano” y “la necesidad de que cuenten con todos los medios económicos y materiales necesarios para su labor. La seguridad es una de las mayores garantías de libertad”.

En este sentido, expusieron las propuestas del programa del Partido Popular en esta materia como el aumento de los agentes en el medio rural, la equiparación salarial de la Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas, el refuerzo del principio de autoridad y la declaración de profesiones de riesgo de Policía y Guardia Civil y mejora de los medios materiales y personales de los agentes.

Los populares pusieron de manifiesto su preocupación por la reciente aprobación, por parte del gobierno de Sánchez, de una nueva Ley de Vivienda “que protege los ocupas y la usurpación de viviendas frente a los propietarios y con cuyo texto legal las denuncias por ocupación pueden llegar a ser archivadas en el caso de que el inmueble usurpado sea la vivienda habitual del ocupa y el propietario legítimo sea considerado gran tenedor.

Frente a esto, Partido Popular ya ha llevado al Congreso de los Diputados sendas Proposiciones de Ley en las que pretenden mejorar la protección jurídica frente a la ocupación por grupos organizados, o por los ocupantes que actúen siguiendo instrucciones de estos grupos organizados.

Desde el PP se comprometen, pensando en las comunidades de vecinos, a legitimar a las personas físicas y jurídicas para que puedan instar a la protección de sus derechos a la propiedad privada. Una propuesta que también contempla impedir el empadronamiento de los ocupantes ilegales, o lograr el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de parte legítima o desde la remisión del atestado judicial.